Hace unas cuantas semanas, un padre y su hija descubrieron que un desconocido estaba enterrado en su sepultura familiar. Desde el Cementerio de Lota primero lo negaron. Lugo, ante las pruebas, asumieron la irregular situación. Ahora, dos nuevas familias recurrieron a la justicia, acusando ilegalidades administrativas en el campo santo.
Recientemente, una familia en Lota se querelló por la presunta venta ilegal de tierras. Esto, dado que una sepultura perpetua ubicada en el cuartel número 10 del Cementerio Municipal fue traspasada sin su autorización a un desconocido.
Fue en marzo de este año que integrantes de la familia Hernández – Hernández visitaron la tumba de su propiedad, percatándose que en ese terreno se levantó un nicho con la foto de una persona fallecida que no pertenece al núcleo de los denunciantes.
Ante ello, el abogado y familiar de los afectados, Sergio Muñoz, consignó que conversaron con la administradora del cementerio lotino, Dina Cortés, quien habría reconocido la venta de la sepultura a terceros, es decir, a familiares de una mujer enterrada en dicha tumba.
Pero eso no es todo, porque el jurista también acusó que los cuerpos enterrados en la tumba familiar “habrían sido llevados a otro lugar”, sin que se tenga certeza sobre su ubicación.
Por lo mismo, presentó los antecedentes a Contraloría y con ello la querella correspondiente. Esto último, para perseguir responsabilidades penales.
La acción legal, declarada admisible en el Tribunal de Garantía de Lota fue presentada en contra de la -ya mencionada- administradora del Cementerio Municipal, ya que la funcionaria debía dar cuenta de las irregularidades registradas en el campo santo, de existir tales ventas ilegales de terreno, agregó el abogado.
Funcionarias bajo sumario
El libelo se extiende en contra de su antecesora, Marisol Azócar y de quienes resulten responsables.
Desde el municipio, su director jurídico, Ricardo Troncoso, señaló que ambas funcionarias están bajo sumario y calificó las denuncias de “extrema gravedad”.
Finalmente, lo que busca la querella es que el Ministerio Público pueda indagar eventuales delitos de “fraude al fisco, cohecho, exhumación e inhumación de cadáveres, ventas de sepulturas ilegales, y pérdidas o destrucción de documentación con el objeto de ocultar los delitos anteriores” y cualquier otro ilícito que arroje la investigación.