La Fiscalía Metropolitana Occidente ejecutó uno de los mayores operativos contra la corrupción en cárceles del país, denominado internamente “Operación Apocalipsis”. La acción se desplegó de manera simultánea en siete regiones (incluyendo el Biobío), nueve recintos penitenciarios y numerosos domicilios particulares, con el objetivo de desarticular una red criminal, que incluye gendarmes, empotrada principalmente en los penales Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
El procedimiento, encabezado por el fiscal regional Marcos Pastén, contempló 77 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a funcionarios de Gendarmería y 35 a civiles vinculados a las operaciones ilícitas. Antecedentes de la causa, según consigna BiobioChile, la estructura investigada habría generado movimientos superiores a los 6.300 millones de pesos en los últimos tres años, operando con una lógica empresarial y roles claramente definidos.
Despliegue sin precedentes en siete regiones, incluyendo la del Biobío
Para concretar el megaoperativo se movilizaron cerca de 690 funcionarios, entre ellos 500 detectives de la PDI y 190 efectivos de Gendarmería destinados a labores de apoyo y control interno. El despliegue coordinado permitió intervenir establecimientos penitenciarios y domicilios en las regiones Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y O’Higgins.
La investigación reveló un ecosistema delictual estable al interior de los penales, sostenido por la colusión entre internos, redes externas y funcionarios públicos. Sobornos, ingreso clandestino de objetos prohibidos y acceso irregular de visitantes formaban parte de un circuito permanente de corrupción.
“Las Manillas” y el mercado negro de funcionarios corruptos
Uno de los pilares del sistema era el fenómeno conocido como “Las Manillas”, grupos que operaban en los accesos de visitas y encomiendas. Estas organizaciones coordinaban el ingreso de teléfonos, drogas, alcohol y otros artículos prohibidos, pagando coimas a gendarmes para eludir control. Cada producto tenía un precio fijo, configurando un mercado negro estructurado y sostenido en el tiempo.
El citado medio añade que otro foco crítico se detectó en el Control Peatonal o “Aduana”, área diseñada para impedir el ingreso de elementos ilícitos mediante tecnología de escaneo. De acuerdo con la indagatoria, funcionarios corruptos habrían facilitado el paso de objetos prohibidos a cambio de pagos.
Corrupción intramuros y técnicas de investigación
Dentro de los módulos, la red operaba bajo distintas modalidades: el “Delivery”, donde gendarmes ingresaban productos por encargo directo de internos; la “Feria”, consistente en la venta abusiva de artículos ilícitos ingresados por los propios funcionarios; y el “Rescate”, práctica en la que se sustraían especies incautadas durante allanamientos para luego revenderlas. Una fuente policial lo describió como “el ciclo perfecto de la corrupción: incautaban, robaban y revendían”.
El caso se sustentó en escuchas telefónicas, seguimientos, análisis de cámaras internas, agentes encubiertos y levantamiento del secreto bancario. Estos elementos permitieron acreditar delitos como cohecho, soborno, asociación criminal y lavado de activos. La caída de la red fue posible, además, gracias a la colaboración de funcionarios denunciantes, quienes hoy permanecen bajo estrictas medidas de resguardo ante eventuales represalias.