Tras el asesinato de un joven este fin de semana en una ‘disco’ clandestina con reiteradas órdenes de clausura, el municipio de Concepción endosó la responsabilidad de su funcionamiento a la Delegación Presidencial, representación del Gobierno en la región del Bío Bío.
En concreto, la administración municipal penquista argumentó que no cuenta con herramientas para realizar una clausura efectiva del local nocturno que ha funcionado durante 15 años de manera clandestina.
En 2010 se decretó la clausura de este local que está ubicado en la esquina de calle Bulnes con Prat, próximo al centro de Concepción.
Pero durante una década y media se han ido acumulando las ‘incivilidades’, como han catalogado estos hechos las autoridades. Sin embargo, a la larga se ha transformado en un problema para los vecinos y en una estela de delincuencia y muerte que ahora afecta a una familia de Chiguayante.
El administrador municipal de Concepción, Boris Negrete, reafirmó que el local está clausurado, así como tampoco se le han entregado patente de alcoholes a quienes lo arriendan para hacer fiestas y eventos todos los fines de semana.
Boris Negrete agregó que los fiscalizadores municipales no pueden ingresar a hacer un registro de las actividades cuando se escucha la música a todo volumen, como sí podrían hacerlo otros entes, como Carabineros o la Seremi de Salud.
Al ser consultado sobre si pueden iniciar acciones legales ante la rotura de los sellos de clausura, lo que ha ocurrido por más de una década y media, dijo que una querella no soluciona estos problemas.
“(…) Una persona fue asesinada con un disparo. Es una situación mucho más grave que una eventual querella que el municipio podría presentar, que no va a solucionar ni encaminar a la reparación del daño que ocurrió con el fallecimiento de este joven”, aseveró.