Durante el primer semestre de 2025, la Superintendencia de Educación recibió 731 denuncias escolares en el Biobío, de las cuales 530 (72,5 %) corresponden a situaciones de convivencia. Aunque el total de denuncias en la región bajó respecto al mismo período de 2024 (832 casos), las vinculadas a convivencia aumentaron en un 15,7 %, consolidando una tendencia de alza sostenida en este ámbito.
El detalle regional revela que los casos más frecuentes están asociados a maltrato entre estudiantes, con 316 denuncias en 2025, seguidos por hechos de discriminación (62 casos) y situaciones de connotación sexual (55 casos).
En paralelo, se observa un incremento significativo en las denuncias por maltrato a adultos dentro de la comunidad educativa, que se duplicaron con creces en un año (de 14 a 32). Estas cifras se enmarcan en una tendencia nacional similar, donde las denuncias por convivencia pasaron de 5 mil 93 a 6 mil 148 (+20,7 %), alcanzando el 70,8 % del total.
Con este escenario de fondo, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, visitó Concepción para firmar un convenio con el Gobierno Regional orientado a fortalecer la mediación y la prevención de conflictos en los establecimientos, una iniciativa que busca beneficiar a más de 29 mil personas en diversas comunidades educativas.
En profundidad sobre todas estas temáticas, Orellana conversó con Diario Concepción, abordando el desglose de las cifras y los alcances en materia de fiscalización del ente.
Firma del convenio
-Partamos conversando sobre el convenio que se firmó hace poco. ¿Cuáles son los objetivos y proyecciones de esta iniciativa?
-Primero, reiterar que estamos muy contentos de poder haber concretado esta firma, que beneficiará a más de 29 mil personas: padres, apoderados, estudiantes y comunidades educativas en su conjunto.
El objetivo principal de esto es fortalecer las capacidades técnicas de los establecimientos en la gestión colaborativa de conflictos.
-¿Cómo se traduce eso en la práctica?
-Hoy recibimos muchas denuncias. Lo que buscamos es que las comunidades educativas puedan gestionar conflictos internos a través del diálogo y la mediación, lo que impactaría en la cantidad de denuncias que finalmente llegan a la Superintendencia.
La idea es que las capacidades internas estén más instaladas para resolver de manera autónoma ciertas situaciones relacionales.
Situación del Biobío
-Vamos a lo global. ¿Cuál es el panorama de la región del Biobío en materia de denuncias y cómo se compara con otras regiones?
-La región está dentro del promedio nacional. Y, por ejemplo, el año 2024, el Biobío representó aproximadamente un 17 % del total nacional. Hoy, en términos porcentuales, sigue en torno a esa cifra, por debajo del 20 % nacional. Lo que sí, al comparar con el promedio nacional, vemos que el Biobío se mantiene bajo la media.
-¿A qué tópico se relaciona la mayoría de las denuncias?
-La mayor cantidad se relaciona con problemas relacionales en las comunidades educativas. Luego aparecen otras categorías: acoso sexual, discriminación, violencia entre adultos. Y hoy también vemos un alza importante vinculada a la Ley de Autismo, porque aumentaron las denuncias relacionadas con necesidades educativas especiales y el incumplimiento de las condiciones que la norma exige a los establecimientos.
-¿Y cuáles son las estrategias que están adoptando para enfrentar conflictos de convivencia?
-La superintendencia siempre orienta y acompaña a los establecimientos en que tengan una buena implementación de los reglamentos internos, los cuales regulan de cierta manera las condiciones.
Cuando llegan denuncias, la Superintendencia se asegura de que dentro de este reglamento esté todo lo que tiene que ver con las sanciones que se les van a aplicar a los alumnos, pero también los protocolos que deberían también estar incorporados como medida más específica. Por ejemplo, en el caso de una denuncia de violencia sexual, queremos saber lo que se hará con el denunciante y con la víctima.
Para que eso ocurra, lo que hacemos permanentemente son diversas capacitaciones y acompañamiento a través de nuestros equipos, donde vamos y preparamos a las comunidades educativas para que conozcan la normativa educacional (…), que siempre debe ser participativa.
-Respecto a las situaciones de violencia dirigida desde el alumnado hacia los profesores o el resto del personal de un colegio, ¿cuál es el protocolo que impera?
-Es el mismo protocolo que se ocupa para violencia entre pares. Si hay un agresor y un agredido, siempre tiene que haber una denuncia de por medio, además de una investigación dentro del establecimiento.
Nosotros, como Superintendencia, le pedimos información al colegio y determinamos cuál será el marco de acción específico. Pero también hay algunas cosas que no están en el ámbito de la superintendencia, por ejemplo, el traslado a una mutual de seguridad de los profesores o del hospital más cercano.
Aun así, hay cosas mínimas que sí deberían estar contempladas, como elaborar un reporte de los hechos y el posterior resguardo de la víctima o el alejamiento del agresor.
Dictamen 75
-Pasemos a otro tema… Hablemos sobre el dictamen que reafirma la imposibilidad de los establecimientos particulares con aportes estatales en la aplicación de medidas disciplinarias por razones socioeconómicas. ¿En qué se basa y cuáles son sus alcances?
-El dictamen 75, lo que viene a hacer es principalmente dar certezas a los sostenedores de cómo pueden realizar de forma correcta esta cancelación de matrícula.
¿Y a qué voy con esto? A que ya existe una base en la normativa educacional, que al menos contempla tres leyes, la Ley de Inclusión, la Ley de Subvenciones, la Ley General de Educación, donde indica que aquellos colegios que reciben subvención del Estado no pueden cancelar matrícula por condiciones socioeconómicas, ya que en eso radica algún tipo de discriminación.
Entonces, esto no es algo que inventamos como superintendencia; más bien vinimos a ordenar lo que ya estaba establecido, pues nosotros tenemos facultades interpretativas.
El dictamen surge cuando empezamos a recibir muchas solicitudes desde los tribunales, por informes de aquellos padres a quienes se les cancelaba la matrícula por incumplimiento en el contrato en particulares subvencionados. Y aquí es importante mencionar que esto es solo aplicable en colegios particulares subvencionados, no así en los particulares pagados.
-¿Qué sanciones arriesga un colegio que incumpla esta normativa?
-La Superintendencia puede iniciar un proceso administrativo y aplicar multas. Además, se emitirá una circular que especificará qué documentación debe exigir un establecimiento en casos excepcionales. El sostenedor siempre tiene la facultad de cobrar deudas, pero no puede cancelar la matrícula si la familia acredita una situación excepcional, como una enfermedad grave o un siniestro.
De manera complementaria, la Superintendencia indicó que en la región del Biobío, la Corte de Concepción resolvió favorablemente dos recursos de protección. El primero involucró a un estudiante del Colegio Metodista de Concepción cuya familia enfrentaba el cáncer avanzado de un progenitor, lo que provocó morosidades en el pago de la matrícula.
El segundo caso también afectó a un alumno del mismo establecimiento con trastorno del espectro autista, tics crónicos y síndrome de Tourette, cuyos tratamientos generaron dificultades económicas para la familia. En ambos casos, la Corte ordenó la reincorporación de los estudiantes, basándose en la Ley de Subvenciones.