La Corte de Apelaciones de Concepción, en la región del Bío Bío, ratificó la exclusión de Puerto Coronel como querellante en la causa donde se investigan delitos económicos, tributarios y de corrupción, al estar como imputada en la investigación tras la querella del Consejo de Defensa del Estado.
El tribunal de alzada penquista confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de suspender los derechos de Puerto Coronel como querellante en la causa, al estar acusada por soborno por el Consejo de Defensa del Estado.
Lo anterior, ya que se le imputa a la compañía de pagar dineros al alcalde Boris Chamorro y a un concejal de la época, Eduardo Araya.
Y es que ante un eventual juicio oral, la portuaria, como persona jurídica, no puede estar como querellante en su calidad de víctima y querellado, esto es como acusado, en medio de los delitos económicos, tributarios y de corrupción que se investigan desde fines de 2023, cuya causa, recordemos fue formalizada, un año más tarde.
La solicitud de excluir a la compañía dentro de la parte acusatoria, fue presentada por los abogados Waldo Ortega -que representa al alcalde coronelino- y Gastón Barril, quien defiende al otrora gerente de administración y finanzas de la compañía, Daniel Chamorro.
Este último valoró el fallo de la Corte de Apelaciones, dada la incompatibilidad de roles de la portuaria en medio del proceso judicial.
“Los abogados de Puerto (Coronel) interpusieron un recurso de apelación contra la, de la resolución del Juzgado de Garantía, la que nosotros estimamos que no procedía, y así lo hicimos valer mediante un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue acogido y se declaró que la apelación era inadmisible”, afirmó Barril.
A ello, agregó que “luego, Puerto Coronel interpuso un recurso de reposición en contra de esa resolución de la Corte, el que fue también declarado inadmisible y, por tanto, queda firme la la suspensión de los derechos del Puerto como querellante en esta causa, porque obviamente tenía una doble calidad de imputado y querellante que procesalmente no procede”.
Cabe recordar que la actual administración de Puerto Coronel denunció ante la Fiscalía, en noviembre de 2023, delitos económicos y de corrupción que originaron una serie de diligencias en enero de 2024 cuyos allanamientos se realizaron en domicilios particulares y laborales de los imputados, tal fue el caso de la Municipalidad de la misma comuna.
Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra la empresa por el delito de soborno y por ello la calidad de imputada que tiene Puerto Coronel.
La investigación sigue su curso con diligencias pendientes, dentro de ellas, al Departamento de Obras Municipales, donde levantó el secreto bancario de quienes dirigen dicha repartición, así como también a profesionales, ante eventuales irregularidades en los permisos de edificación otorgados a la compañía.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)